Exclusión social y criminalidad, una hipótesis

Si el Estado es una unidad que actúa en la realidad histórico-social, no podemos esquivar el examen, siquiera somero, de la difícil cuestión referente al carácter de esta realidad social.

El punto de partida ha de ser aquí la fundamental afirmación de que la realidad social es efectividad humana, es realidad efectuada por el hombre. (Heller, H., Teoría del Estado, F.C.E.)

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El autor material del asesinato de Carlos Manzo, identificado como Víctor Manuel “N”, alias “El Cuate” o “El Cuete”, tenía 17 años al momento de cometer el crimen.

¿Qué lleva a un joven a sumarse a las filas de la delincuencia, en una labor tan deleznable y peligrosa como el sicariato? Una hipótesis: La exclusión social.

La exclusión social, se ha dicho, tiene un vínculo directo con el acceso precario o nulo a los derechos y condiciones que conforman la ciudadanía plena.

Es decir, es la última etapa del proceso de desincorporación social y económica.

La exclusión no deviene de una sola causa, más bien es un problema multidimensional, tanto en lo que se debe a sus causas: desempleo, discapacidad, bajos ingresos, drogadicción, enfermedad, desintegración familias, etcétera, así como a las políticas públicas a establecer para su superación. Por tal motivo, partir de un buen diagnóstico es básico en el planteamiento de la solución del problema.

En la búsqueda de esa solución se deberá tener bien claro que la administración pública, el aparato burocrático del gobierno, es un instrumento esencial para el desarrollo de la democracia y el aseguramiento del progreso individual y del conjunto de la sociedad. Los servicios públicos son indispensables para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas y para que éstas puedan ejercer plenamente los derechos y libertades reconocidas por nuestra constitución.

Por tal razón la administración pública debe de actuar al servicio de toda la ciudadanía y está obligada a hacerlo funcionando con transparencia, eficacia y calidad, y con un compromiso con la calidad de los servicios públicos y convocando a la participación ciudadana en las decisiones públicas y en la definición de los intereses generales de la nación.

Garantizar la calidad de los servicios públicos y el derecho de todas las personas a acceder a ellos en condiciones de igualdad requieren un mejoramiento continuo en la gestión mediante la aplicación obligatoria de modelos de excelencia. Asimismo, crear nuevos servicios públicos de ayuda a las familias, a las personas dependientes, especialmente a los niños y jóvenes, y enfocarlos a la conciliación de la vida familiar y laboral.

Para todo ello, es necesario incrementar de forma selectiva las inversiones públicas para subsanar los déficits de los servicios públicos de seguridad pública, educación, asistencia social y apoyo a las familias.

Por otra parte, la administración pública debe convertirse en un factor que dinamice la economía, convirtiéndose en un agente más productivo. Para cumplir esto, deberá ofrecer más y mejores servicios públicos con los mismos recursos que actualmente emplea; reorientar sus actividades en función de los objetivos y resultados y aspirar a la máxima excelencia en la calidad de los servicios que presta.

Todo ello sin dejar de lado que el gasto público deberá considerar también una orientación hacia la inversión productiva en capital físico, tecnológico y humano, en aras de buscar un funcionamiento eficiente y productivo de la economía y así garantizar un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo.

En nuestra hipótesis, acabar con los altos niveles de exclusión social en el país, es una de las grandes tareas en la lucha contra el crimen. Sin desatender las otras acciones que ya hemos planteado en este mismo espacio, en el artículo “La seguridad pública como reto” (nuestrarevista.com.mx)

José Vega Bautista

@Pepevegasicilia

josevega@nuestrarevista.com.mx