Examen social reprobado

Prueba no superada y examen social reprobado para los ciudadanos que aparentemente ya habíamos entendido sobre los riesgos que implica detonar pirotecnia en las celebraciones decembrinas, pues para el festejo del ultimo dia del ano, las autoridades registraron personas lesionadas y daños causados por el fuego de los cuetes.

Dentro del reporte de la Subsecretaria de Protección Civil de Coahuila, las autoridades contabilizaron la atención de incendios en casa habitación en los municipios de Acuña, Nava, Piedras Negras, Saltillo y Torreón, los cuales estuvieron directamente relacionados con el uso de pirotecnia.

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Además, se reportaron incendios de vehículos en los municipios de Piedras Negras y Saltillo, ocasionados por los cuetes y la atención médica de personas con quemaduras provocadas por artificios pirotécnicos en los municipios de Francisco I, Madero, Torreón y Saltillo.

Afortunadamente en ninguno de los reportes destaca la muerte de personas o el riesgo de perder la vida de quienes resultaron lesionados por el uso y activación de los fuegos artificiales.

Sin embargo, las pérdidas económicas que aún no son cuantificadas, si son considerables y sobre todo costosas para quienes perdieron vivienda o vehículos y quienes sufrieron lesiones.

El fenómeno es digno de análisis y evaluación para conocer las causas y el origen del aumento de uso de pirotécnica en comparación con las fiestas de noche buena y navidad, cuyo incremento fue considerable, visible y apreciable para todos.

La prohibición de la venta de cuetes prácticamente en todo el estado y algunas entidades vecinas como Nuevo León hace pensar que si no existiera, la situación tal vez hubiera sido peor y deja de manifiesto que en la clandestinidad existe un riesgo para los ciudadanos.

No se pasó el examen, si quiera de panzazo, una vez más la falta de cuidados y precaución, dejan de manifiesto que la sociedad civil aún puede hacer más para evitar estas situaciones y poner en riesgo la vida de sus semejantes, y asi, no hay esfuerzo gubernamental que alcance para mejorar y garantizar la integridad de los ciudadanos y su patrimonio.