Washington, EU.- La Administración del presidente Donald Trump puso en marcha la instalación de un sistema de barreras flotantes a lo largo del Río Bravo, con el objetivo de frenar el tráfico de personas y drogas en la frontera con México. El despliegue contempla más de 800 kilómetros del cauce, desde el sur de Texas hasta zonas próximas a Tamaulipas, y forma parte de una estrategia más amplia de control fronterizo.
El dispositivo consiste en secciones de boyas cilíndricas de color naranja, unidas entre sí y con diámetros que oscilan entre uno y dos metros. Funcionan como un muro flotante que impide el paso directo sobre el río y está diseñado para ser difícil de mover o escalar. De acuerdo con autoridades estadounidenses, las piezas son fabricadas en Texas y su instalación comenzó en tramos delimitados entre Eagle Pass, Piedras Negras y áreas cercanas a Brownsville.
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Antes del anuncio formal, la Secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, realizó un recorrido acompañado de agentes de la Patrulla Fronteriza para supervisar avances y coordinar con propietarios de ranchos ribereños. Posteriormente, sostuvo encuentros privados para abordar necesidades de infraestructura, vigilancia y colaboración en la región.
La medida ha generado preocupación en México, donde especialistas advierten sobre posibles afectaciones en el cauce del río y en la dinámica migratoria. En 2023, un proyecto similar impulsado por Texas provocó un diferendo diplomático con el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que ese tipo de barreras contravienen acuerdos binacionales sobre límites y uso del agua.
El despliegue actual coincide con un aumento en la presencia de grupos de migrantes en la zona de Matamoros, quienes ven en el Río Bravo un paso obligado hacia Estados Unidos. Organizaciones civiles en Tamaulipas sostienen que el nuevo esquema podría incrementar el riesgo para personas que intenten cruzar por puntos no vigilados o pozas de mayor profundidad.
Mientras continúa la instalación del muro flotante, la Casa Blanca mantiene su discurso de reforzamiento fronterizo de cara al año electoral, mientras activistas y defensores de derechos humanos en México y Estados Unidos reclaman un enfoque que priorice la vida y la integridad de quienes transitan la región.