Entre la defensa legal y el espectáculo digital

Cuando los argumentos escasean, el discurso suele desplazarse hacia la confrontación y el insulto. En la política contemporánea, ese traslado ocurre con frecuencia en las redes sociales, donde la confrontación sustituye a la defensa jurídica y el agravio personal intenta evadir los señalamientos institucionales y las posibles responsabilidades legales. El caso de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, ilustra con claridad esta dinámica.

Con procesos abiertos ante la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, la exedil ha optado por litigar su situación principalmente en plataformas digitales, a través de transmisiones en vivo que mezclan temas virales, vida personal, acusaciones políticas y descalificaciones. El problema no es el uso de redes sociales —hoy inevitables para cualquier actor público—, sino el desplazamiento del fondo del asunto: las aclaraciones sobre los señalamientos que pesan en su contra.

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Si existe una persecución política, como ella sostiene de manera reiterada, la vía para demostrarlo no es el insulto ni la provocación, sino las instancias legales correspondientes: tribunales, amparos, recursos jurídicos y pruebas documentales. Hasta ahora, esa defensa institucional no se ha visto reflejada públicamente, mientras que sí se ha multiplicado el discurso confrontativo.

La frase dirigida al gobernador de Coahuila, “Manolo, eres C…”, más allá de su carácter ofensivo, evidencia una estrategia clara: provocar una reacción que nunca llegó, al menos no por parte del mandatario. Desde la campaña y ya en el ejercicio del poder, el gobernador ha mantenido un silencio institucional, evitando responder a ataques y descalificaciones, sin caer en provocaciones de bajo nivel. Se trata de una postura que responde al respeto por la investidura que representa y al ejemplo que, como jefe del Ejecutivo, debe dar a la sociedad, y que contrasta con la exposición permanente y confrontativa de la exalcaldesa.

Lamentablemente, quienes sí cayeron en la provocación fueron algunas lideresas y gestoras del PRI, quienes terminaron por darle a Tania Flores el circo que buscaba. Sin advertirlo, hicieron exactamente lo contrario a lo que habría sido la mejor defensa de la figura a la que dicen respaldar. En este caso, la postura más eficaz —y la que ha sostenido el propio gobernador— es la indiferencia frente a este tipo de exposición pública y espectáculo político protagonizado por la exalcaldesa.

Paradójicamente, quien denuncia violencia política de género ha incurrido en conductas que cruzan esa misma línea. Casos documentados, como las agresiones verbales contra periodistas, adversarios políticos y particularmente contra otras mujeres —incluido el episodio que involucró a la esposa del hoy diputado federal Ricardo Mejía Berdeja—, muestran que el debate dejó de ser político para adentrarse en el terreno de la vida personal, donde el escrutinio legítimo ya no aplica.

También está el antecedente de Múzquiz, cuando, siendo alcaldesa, decidió involucrarse físicamente en una confrontación durante un presunto caso de coacción al voto. Más allá de las agresiones que pudo haber sufrido después, es inevitable cuestionar la forma: ¿era esa la manera de actuar de una autoridad municipal? ¿No existen protocolos institucionales para denunciar, documentar y evidenciar sin exponerse ni escalar la violencia?

El punto central sigue ausente del debate público impulsado por la propia exalcaldesa: las cuentas públicas. Montos, nombres, contratos, pruebas. Ahí es donde se define la responsabilidad o la inocencia. Mientras eso no ocurra, la narrativa de persecución política pierde fuerza frente a una percepción creciente: la de una funcionaria que busca evadir las consecuencias de un mal gobierno.

A ello se suma un dato político relevante: el silencio de su propio partido. Ningún dirigente, legislador o figura relevante de Morena en Coahuila ha asumido su defensa de manera clara. Apenas una declaración general de la dirigencia nacional, en el sentido de que todos deben ser investigados y defenderse. Nada más.

Y es que, como se ha demostrado en Coahuila y en otros estados, no hay partido exento. Exalcaldes del PRI, PAN, Morena y otras fuerzas han enfrentado procesos administrativos e incluso penales por no solventar cuentas públicas. No se trata de colores, sino de responsabilidades.

En política, la victimización permanente y el escándalo pueden generar ruido, pero no sustituyen a la verdad jurídica. Al final, las redes sociales no absuelven ni condenan; lo hacen las instituciones. Y mientras la defensa siga ocurriendo en transmisiones en vivo y no en los expedientes, la duda seguirá pesando más que el discurso.