La autoridad fiscal endurece la supervisión a rentas que rebasan un umbral mensual y amplía obligaciones de registro y aviso para propietarios, en el marco de la ley antilavado
CIUDAD DE MÉXICO.– Con el objetivo de prevenir operaciones de lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) endureció la vigilancia sobre el arrendamiento de inmuebles, al considerarlo una actividad susceptible de ser utilizada para ocultar el origen ilícito de recursos.
Las disposiciones derivan de modificaciones a la legislación antilavado que incorporaron la renta de bienes inmuebles como actividad vulnerable cuando el monto mensual supera un umbral establecido en Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a poco más de 181 mil pesos.
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Al rebasar esa cantidad, los propietarios deben cumplir con obligaciones adicionales ante la autoridad fiscal.
Entre los requisitos se encuentra la inscripción del arrendador en el padrón de actividades vulnerables y la presentación de avisos periódicos por cada contrato que supere el monto señalado, ya sea que se trate de casas habitación, departamentos, bodegas u otros bienes. Incluso, si una misma persona renta varios inmuebles y el total mensual rebasa el límite, deberá informar al SAT.
Especialistas en materia fiscal han advertido que el arrendamiento puede prestarse a prácticas irregulares, como la simulación de contratos o la deducción indebida de gastos, lo que afecta la recaudación y dificulta la trazabilidad del dinero.
Entre los focos de riesgo se encuentran pagos en efectivo, discrepancias entre quien ocupa el inmueble y quien cubre la renta, contratos compartidos por múltiples personas o propiedades desocupadas que, aun así, generan ingresos declarados.
La autoridad precisó que el reforzamiento de controles no busca inhibir el mercado de renta, sino dotar de mayor certeza a estas operaciones y cerrar espacios a esquemas de evasión y simulación.
El incumplimiento de las obligaciones puede derivar en sanciones administrativas y multas, por lo que el SAT exhortó a los contribuyentes a revisar su situación y regularizarse conforme a la normativa vigente.