El papel de los jueces

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que dejó sin efecto casi la totalidad de los aranceles de Donald Trump, por exceder sus funciones, es de mayoría republicana. De los nueve ministros que la integran, tres fueron nombrados por George W. Bush y otros tantos por el mitómano.

Barack Obama designó dos, y Joe Biden, uno. El líder de MAGA dijo sentirse avergonzado de los jueces por su falta de coraje para «hacer lo correcto» y acusó intereses extranjeros detrás de la decisión.

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El centro de su inquina son los demócratas por «estar en contra de cualquier cosa que haga a Estados Unidos fuerte, saludable y grande de nuevo. (…) son, francamente, una vergüenza para nuestra nación».

El megalómano descalifica a los jueces que le marcaron el alto:»(..) están haciendo el papel de tontos y lacayos de los republicanos y los demócratas radicales de izquierda». Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, nominados por Trump, votaron por anular los aranceles.

En el mismo sentido lo hizo el presidente de la Corte, John G. Roberts, nombrado por Bush, y los ministros liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. La votación (6/5) replica el eco del grito que resuena en el país: «No reyes». Trump tomará otras vías para castigar a sus socios comerciales, pero ya está advertido de que los verdaderos intereses del país están por encima de cualquier capricho personal.

En los países donde el Presidente prima sobre los demás poderes (Estados Unidos, México, Colombia, Argentina y Brasil) los desencuentros con el Poder Judicial y el Congreso, máxime en situaciones de gobiernos divididos, son comunes. Pero ninguno ha sido tan áspero e insolente como el de Trump con la Corte Suprema y cualquiera que desafíe la voluntad voluble del autócrata.

Llegado el caso, el ministro liberal John G. Roberts podría presidir el proceso para destituir a Trump. Sin embargo, la decisión correspondería al Senado, que ya lo absolvió dos veces: la primera, cuando desconoció los resultados de la elección presidencial de 2020; y la segunda por incitar a la insurrección con el asalto al Capitolio.

En México, Andrés Manuel López Obrador criticó al sistema judicial desde su primera campaña. Como Presidente, declaró que proponer a Loretta Ortiz Ahlf y a Margarita Ríos Farjat para ministras fue un error.

En lugar de impulsar la transformación, dijo, se asimilaron a una Corte proclive a los grupos de presión y a los poderes fácticos. En agosto de 2013, cuando Enrique Peña Nieto aún no cumplía un año en la presidencia, un tribunal liberó a Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara.

Le faltaban 12 años para cumplir la condena de 40 que recibió por ordenar el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar.

La agencia antidrogas ofreció 20 millones de dólares por información que condujera a su captura. La Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República lo detuvieron en julio de 2022 en Sinaloa. Caro forma parte del primer grupo de capos extraditados a Estados Unidos por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reforma judicial de AMLO se aprobó un mes antes de entregar la Presidencia. Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo y Verde, ya contaban con mayoría calificada en el Congreso para cumplir otro de los compromisos de la 4T.

El resultado de la primera elección de ministros y jueces, celebrada en junio de 2025, está por verse.

Una de las resoluciones más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consistió en obligar a Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas) a pagar adeudos fiscales por 53 mil millones de pesos.

El magnate se acogió a la ley y obtuvo una reducción del 39 por ciento. Es un primer paso para que en México deje de haber intocables.