El delegado del PAN que cargará la factura pendiente

En medio del enojo, la inconformidad y el rompimiento definitivo de la alianza PRI-PAN en Coahuila, la dirigencia nacional del albiazul marcó su jugada. En razón de la crisis interna, Jorge Romero Herrera instruyó el envío de un delegado especial al estado.

Se trata de Ernesto Sánchez, diputado federal por la vía plurinominal, integrante de la tercera circunscripción, originario de la Ciudad de México y asociado en las listas del partido a Quintana Roo.

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Su llegada está prevista para el 10 de febrero y, lejos de representar una solución, se perfila como el inicio de un ajuste de cuentas político, impulsado por una militancia coahuilense largamente ignorada por su dirigencia nacional, que acumula agravios y exigencias no atendidas.

Sánchez arribará a Coahuila con una encomienda compleja y aterrizará en un escenario hostil. No encontrará un partido en calma ni una militancia dispuesta a escuchar discursos de unidad. Por el contrario, se topará con reclamos directos, advertencias claras y un malestar que ya no se limita a las bases, sino que alcanza a liderazgos históricos del panismo coahuilense, muchos de ellos con décadas de militancia y peso político real.

Desde ese mismo enojo surge otro señalamiento incómodo para la dirigencia nacional: el papel que han jugado dos legisladores federales por Coahuila, Guillermo Anaya Llamas y Marcelo Torres Cofiño. La militancia los acusa de “hablarle al oído” a Jorge Romero de manera equivocada, de construir una narrativa ajena a la realidad política del estado y de no haber defendido, cuando era el momento, la lógica de la alianza. El reto es directo: si consideran que el PAN puede competir solo en Coahuila, piden que sean ellos quienes encabecen las candidaturas en un escenario en donde muchos ya anticipan la derrota.

La inconformidad no es menor ni reciente. Tras el rompimiento de la coalición con el PRI, la militancia panista señala a Jorge Romero Herrera como el responsable directo de una decisión que consideran regresiva, tomada desde el centro y sin sensibilidad territorial. La molestia se profundiza porque, aseguran, el respaldo que hoy se promete con el nuevo delegado y su equipo debió haberse construido antes, no después del quiebre.

Y es que el apoyo de Coahuila a la dirigencia nacional de Romero Herrera tuvo una condición política clara: la autorización de la alianza local. Ese compromiso fue ignorado. No se trató de un malentendido ni de un ajuste de último momento. Fue una decisión consciente que hoy tiene consecuencias internas y electorales.

Basta recordar que expresidentes del Comité Directivo Estatal del PAN desde 1999 a la fecha como lo son Rosendo Villarreal, Juan Antonio García Villa, Jorge Zermeño, Esther Quintana, Bernardo González, Jesús de León y Carlos Orta, junto con el consejero Ernesto Saro, firmaron una carta dirigida a Romero Herrera para hacerle ver la gravedad del escenario. No fue recibida. No fue atendida. Tampoco prosperaron reuniones posteriores con interlocutores cercanos a la dirigencia nacional. El mensaje fue claro: la decisión ya estaba tomada.

Contrario a lo que se pretende simplificar desde el discurso oficial, el reclamo no gira en torno a cargos o posiciones dentro del gobierno estatal. La exigencia central es política: preservar la estabilidad, la gobernabilidad y los equilibrios que hoy mantiene Coahuila, particularmente en materia de seguridad. Para la militancia panista, la entrada de Morena al estado representa un riesgo real, a partir de experiencias negativas en otras entidades donde los indicadores son alarmantes.

Hay coincidencia interna en que el PAN necesita reencontrarse con sus principios, pero no a costa de poner en juego al estado ni de tomar decisiones ideológicas dictadas desde la distancia. No es el momento, insisten, para rupturas que debiliten a la oposición y abran escenarios de incertidumbre.

Aunque el plazo legal para registrar alianzas ha vencido, aún existe una esperanza mínima. Una discrepancia entre el INE y el IEC se encuentra en análisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de resolverse a favor del primero, el periodo podría ampliarse hasta finales de febrero. Sin embargo, incluso ante esa posibilidad, el ánimo es escéptico: la postura de Jorge Romero, aseguran, difícilmente cambiará.

Así, la llegada del delegado no será un gesto de reconciliación, sino una prueba de realidad. Ernesto Sánchez escuchará de viva voz los reclamos, recibirá los golpes políticos y confirmará que, en Coahuila, las decisiones tomadas sin consultar al territorio no solo fracturan, también pasan factura.

Y esa factura, muy probablemente, se cobrará el próximo 7 de junio en las urnas, cuando sabremos si el PAN logra sobrevivir políticamente o si termina de consumar su extinción.