La muerte de Carlos Gurrola Arguijo —calificada de asesinato por la familia y la comunidad— muestra el grado de crueldad a que se puede llegar contra personas indefensas y pacíficas. Cuando la intimidación se dirige a quienes padecen algún tipo de discapacidad, el acto es aún más execrable.
También manifiesta cómo un crimen así es capaz de concitar solidaridad y rechazo en una sociedad en apariencia adormecida y ajena a lo que sucede a su alrededor. Y cómo ese tipo de casos, que lamentablemente ocurren a diario y pasan desapercibidos, alcanzan resonancia nacional, llegan hasta la tribuna presidencial y devienen conflicto para las autoridades locales, pues las coloca bajo el escrutinio público.
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Los medios de comunicación y las redes sociales han informado prolijamente sobre el caso de este empleado de la empresa Multisistemas Rocasa, quien realizaba tareas de limpieza en la tienda HEB Senderos de Torreón. Se acusa a sus compañeros de trabajo de verter desengrasante en una bebida que ingirió el 30 de agosto. Las quemaduras que sufrió en las vías respiratorias superiores fueron la causa de su muerte, el 18 de septiembre. Así terminó una historia de acoso permanente, tipificado como delito. Contaba 47 años. La familia, la gente que le conoció y quienes, aun sin haberlo tratado, se sienten indignados, piden algo que en México parece imposible: justicia. Más del 92% de los delitos jamás se castigan.
La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por homicidio, pero al revisar las pruebas ha descartado un crimen doloso. Por supuesto, nadie acepta esa versión inverosímil. Frente a la presión social, el Ministerio Público y la empresa no tuvieron más remedio que mostrar a los familiares y abogados de la víctima las imágenes registradas por las cámaras de seguridad. Gurrola padeció intimidación de manera sistemática. Hay apodos degradantes y el de Gurrola podía utilizarse con ese propósito. Según el Diccionario de americanismos la locución «de papayita» refiere algo que ocurre «oportunamente, en el momento justo». En Wikcionario aparece como «situación o tarea extremadamente fáciles de completar».
El caso no es uno entre los muchos de asedio laboral que ocurren en nuestro país. La condición de Gurrola lo excede y lo hace distinto. Por esa razón genera protestas y una amplia cobertura mediática. Para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables, debe ser investigado a profundidad. El lucro político resulta deleznable. ¿Cuándo los actores se han preocupado por el hostigamiento en los centros de trabajo? La protesta es válida y la indignación social, palmaria. Sin embargo, es preciso buscar intereses ajenos al movimiento en favor de Gurrola y su familia. Si los hay, para exhibirlos y apartarlos; y si no, para estar todos tranquilos.
El negocio de los supermercados es uno de los más competidos, y lo que afecta a una cadena favorece a otras. El sector también es uno de los principales anunciantes. HEB, por tanto, debe ser escrupuloso, responder las dudas y asumir la responsabilidad que le corresponda. La subcontratación de personal (outsourcing), equiparada al fraude fiscal, se prohibió desde 2021 por una reforma laboral debido a los abusos contra los trabajadores. La presidenta Claudia Sheinbaum deploró la muerte de Gurrola. El caso está en manos de la Fiscalía General del Estado, pero el Gabinete de Seguridad estará atento a su desarrollo, dijo en la rueda de prensa del 22 de septiembre.
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Gerardo Hernández
GERARDO HERNÁNDEZ es periodista desde hace más de 40 años en Coahuila. Director General de Espacio 4. Este texto es responsabilidad única, total y exclusiva de su autor, y es ajeno a la visión, convicción y opinión de PorsiAcasoMx