Las nuevas «democracias» que gobiernan países de América, desde el norte hasta el sur, en Europa, Asia y obviamente el Medio Oriente, hoy tienen una delicada y preocupante similitud en la gobernanza: «dependencia militar» para mantener el poder, con la presencia expresa de la fuerza de las armas y sus cuerpos castrenses para que ciudadanos (militarizados) sometan a ciudadanos sin posibilidad de cuestionar y protestar Gobiernos militarizados.
El fenómeno alcanza a administraciones federales que defienden a ultranza la libertad y la democracia de los ciudadanos, pero manejan un doble discurso, porque son capaces de desplegar cuerpos militares y navales en la vía pública, para combatir la «inseguridad».
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Las decisiones pueden considerarse como apoyo a las tareas de seguridad que realizan cuerpos civiles policiales, a quienes no les alcanza, en número y capacidad, para enfrentar flagelos como la delincuencia organizada, con cárteles más poderosos en logística, recursos y organización que los propios Gobiernos en sus tres niveles.
En nuestro país, ésta parece es la constante, desde hace al menos 20 años, o tres sexenios, como se quiera ver; pues hay entidades donde las policías federal, estatal y municipal, no sólo fueron rebasadas, si no que fueron controladas por los cárteles y mantienen un estado de derecho basado en la ley del más fuerte y del plomo y la plata.
El riesgo es mayor, para las fuerzas armadas, pues las posibilidades de exponer a las fuerzas castrenses para estar en la calle y controlen tareas civiles de seguridad, pueden ser alcanzadas, por los tentáculos de la corrupción y al final se conviertan en cómplices de los grupos de la delincuencia organizada, los legales y los ilegales.
En nuestro país, no es la primera vez, que un elemento de las fuerzas armadas es señalado, por su participación en actividades ilícitas relacionadas al crimen organizado; comúnmente se trata de altos mandos de las milicias y al final se sacrifica la vida o el presidio de chivos expiatorios para calmar la reacción de los medios.
Recientemente una investigación federal contra el huachicoleo en México dejó desnuda la red de protección al huachicoleo fiscal que involucró altos mandos de la Marina, la última institución de alta confianza ciudadana.
Resulta increíble que una investigación tardó más de un año para encontrar a un responsable después de que el exsecretario del Marina Armada de México denunciara, según la Fiscalía General de la República, actos de corrupción, que rebasaron la capacidad castrense para enfrentarlos al interior de la dependencia.
Pareciera que el nivel de corrupción que ya alcanzaron a soldados y marinos en México ya no es solo imposible de combatir para la tropa, si no también para los altos mandos, y eso es el peligro latente de arriesgar a las milicias a realizar trabajos de la sociedad civil, hecho que demuestra que la cultura de legalidad y respeto a las garantías civiles y de la sociedad, no sólo no existe, sino que se ha convertido en el peor cáncer social de los mexicanos.
Al humilde escribiente solo le viene un pensamiento a las neuronas, como lo hiciera la pregunta en espera del super héroe de uniforme rojo con amarillo y antenitas de vinil: «¿Ahora quién podrá ayudarnos?».
CARLOS AGUILAR
Periodista y conductor de noticias.