Democracia simulada

La elección judicial del pasado 1 de junio fue anunciada con bombo y platillo como un ejercicio histórico de participación ciudadana. Por primera vez, los mexicanos tuvimos en nuestras manos la posibilidad de elegir a ministros, magistrados y jueces. Sin embargo, los números pintan un escenario que dista mucho de una fiesta democrática.

De un padrón nacional de casi 100 millones de electores, apenas el 13 % acudió a las urnas. Es decir, más de 87 millones de ciudadanos decidieron no participar en este proceso. Y dentro de ese pequeño porcentaje que sí votó, se anularon más de 22 millones de boletas. Esto puede parecer una contradicción, pero no lo es: cada persona recibió hasta 10 boletas distintas, una por cada cargo judicial a elegir, por lo que el número total de boletas anuladas fue muy superior al de personas votantes. ¿Eso es democracia? ¿Una elección válida puede sostenerse sobre un ausentismo brutal y un rechazo masivo expresado en papeletas vacías o tachadas?

Más aún: el ministro que obtuvo la mayor cantidad de votos, Hugo Aguilar Ortiz, fue respaldado por poco más de 6 millones de ciudadanos. Lenia Batres, hermana del actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, alcanzó poco menos de esa cifra. Pero, si tomamos en cuenta que el padrón nacional supera los 99 millones, ni siquiera el 6 % del electorado eligió a los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Eso es representatividad?

A nivel federal, al menos 10 cargos estaban garantizados antes de que se abrieran las urnas: 9 magistraturas de circuito y una plaza de jueza de distrito. Estos puestos estaban repartidos en entidades como Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Sinaloa y San Luis Potosí. En cada caso, había un solo candidato en la boleta. Bastaba con que esa persona se votara a sí misma para resultar electa. Ni campaña, ni competencia, ni escrutinio público: una elección sin elección.

El absurdo se replicó en los estados. En Durango, 49 de 49 cargos se asignaron sin contrincantes. Y en Coahuila, donde se elegirían 106 cargos judiciales locales, 80 ya estaban prácticamente decididos antes del domingo electoral, porque las planillas de candidatos eran prácticamente idénticas en las tres opciones disponibles. Cambiaban unos cuantos nombres, pero el grueso de los aspirantes se repetía como si fueran parte del mismo libreto. No había nada que elegir, solo validar lo ya negociado.

Mientras tanto, se presumió una participación del 24 % en Coahuila, cifra alta frente al 13 % nacional, fue el estado donde hubo mayor participación ciudadana; sin embargo, también se ubicó entre los estados con más votos nulos: 12.4 % del total emitido. ¿Qué nos dice esto? Que incluso entre quienes fueron movilizados, muchos decidieron anular su boleta como forma de protesta o simplemente no comprendieron por quién o por qué estaban votando. En distritos como San Pedro, los votos nulos superaron el 16 %, mientras que en otros, como Ciudad Acuña, la participación no alcanzó ni el 20 %.

La reforma que impulsó esta elección pretendía acercar la justicia al pueblo. Pero terminó alejándola aún más. Boletas confusas, candidatos poco conocidos y una campaña escasa de información generaron un resultado desolador: una mayoría absoluta que no votó, una minoría que votó nulo, y un pequeño porcentaje de personas que decidieron a quienes impartirán justicia en nombre de todos.

Habrá quienes celebren esta elección como un paso hacia la democratización del Poder Judicial. Pero, en la práctica, fue un proceso apresurado, improvisado y profundamente manipulado, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Se utilizó el discurso de la democracia para validar decisiones políticas y se disfrazó de participación ciudadana lo que en realidad fue una estrategia de control institucional.

Una pregunta flota sobre las urnas vacías y las boletas tachadas: ¿esto es lo que entendemos por democracia? Porque si lo es, estamos perdidos.

La legitimidad no se impone desde el poder ni se simula en las urnas. Se construye con participación informada, con procesos claros y con ciudadanos que votan con la convicción de que su decisión importa. Lo que ocurrió el 1 de junio fue exactamente lo contrario.

Y en medio de todo, el gran perdedor fue el Poder Judicial, que hoy queda bajo la sombra de la sospecha, debilitado y sin el respaldo real de la ciudadanía. Si esta fue una elección histórica, lo fue por las razones equivocadas.