En este 2025 se reportan más denuncias por este tipo de hechos, pese a que no se tienen elecciones, a diferencia del año previo
A pesar de que 2025 no es año electoral, los delitos de carácter electoral que son investigados por la justicia federal han repuntado en Coahuila y Nuevo León, rompiendo con la lógica de que estos ilícitos se disparan únicamente en periodos de campañas o comicios.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a agosto de 2025 se abrieron 9 carpetas de investigación en Coahuila y 76 en Nuevo León por este tipo de delitos.
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Al llevar los datos a promedios mensuales, el contraste es claro: en Coahuila el promedio es de 1.1 casos al mes, el doble de lo registrado en 2024, cuando se promediaron 0.5 al mes en un año de elecciones.
En Nuevo León, el repunte es todavía más marcado. El estado suma 9.5 casos mensuales en 2025, cifra muy por encima del promedio de 4.8 al mes en 2024, cuando se celebraron las elecciones federales más grandes en la historia del país.
A nivel nacional, el comportamiento también sorprende: entre enero y agosto de 2025 se contabilizaron 627 delitos electorales, lo que equivale a un promedio mensual de 78.3 casos.
Aunque es menor al registrado en 2024 (67.4 al mes en total de 809), el número resulta elevado si se considera que este año no hubo elecciones generales en México.
La paradoja es evidente: mientras en 2024 la explicación recaía en la efervescencia política y la competencia electoral, en 2025 los delitos electorales se mantienen en niveles altos sin que exista un proceso en curso.
En estados como Coahuila y Nuevo León, donde en 2024 se votó para elegir cargos federales y locales, el repunte del año en curso abre la puerta a hipótesis que van desde la judicialización de prácticas políticas hasta la persistencia de estructuras que operan al margen de la ley, incluso sin elecciones inmediatas.
El seguimiento de esta estadística será clave rumbo a 2027, cuando ambos estados tengan nuevamente elecciones locales y federales. Por lo pronto, los números reflejan que el fenómeno trasciende los calendarios electorales y se ha convertido en un problema que se mantiene activo aún en tiempos de aparente calma política.