REDACCIÓN / REPORTACEROMX
Monterrey, Nuevo León.- Pese a la desaceleración de la economía, en el primer trimestre del año la recaudación que provino de los grandes contribuyentes registró un aumento de 32.7 por ciento anual.
Los Grandes Contribuyentes, aunque representan solo el 0.01 por ciento del padrón aportaron en el primer trimestre del año el 58 por ciento del total de recursos tributarios del País, destaca un análisis de COPARMEX Nuevo León, con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el primer trimestre del año los grandes contribuyentes, del sector privado, aportaron a las arcas federales $880,348.5 millones, cuando en el mismo periodo de 2024 esa cifra fue de $663,288 millones, lo que significa un alza de 32.7%, esto a pesar de la desaceleración económica padece el País.
Entre los grandes contribuyentes, sobresale el pago de impuestos de la industria manufacturera, la cual contribuyó en el primer trimestre del año con $187,715 millones; seguida por el sector de los servicios financieros y de seguros, con $168,424 millones; el comercio al por mayor, $111,511 millones; el comercio al por menor, $107,206 millones, principalmente.
Uno de los sectores con mayor alza en la recaudación, de entre los Grandes Contribuyentes, fue la manufactura, al registrar un aumento en su aportación a las arcas federales de 36% anual.
En 2024, los Grandes Contribuyentes aportaron el 52% del total de la recaudación de impuestos en México, equivalente a más de $2.5 billones.
Roberto Cantú Alanís, presidente de COPARMEX Nuevo León, señaló que estos datos confirman que el motor fiscal del País son las empresas formales y responsables, que no solo generan empleos sino que sostienen el gasto público.
“Es fundamental proteger e incentivar su permanencia y crecimiento. En lugar de estigmatizar al sector productivo, debemos reconocer su papel como pilar de la sostenibilidad económica nacional”, manifestó.
En COPARMEX Nuevo León hace un llamado a consolidar un entorno que promueva la inversión, la formalidad y la certidumbre jurídica, condiciones indispensables para seguir financiando los programas sociales, infraestructura y servicios públicos que benefician a toda la sociedad.