El fenómeno de la corrupción rompe el plano de equidad y acceso a los bienes y servicios públicos la cual afecta el sistema económico y social. En México es un problema añejo. Enrique Krauze explora sus raíces desde la época colonial. En fechas más recientes puede recordarse como la temática de la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, quien ofrecía “la renovación moral de la sociedad”, después de administraciones que por excesos y falta de regulación llevaron al país a una de las peores crisis económicas.
Ante este fenómeno se han realizado esfuerzos gubernamentales por crear dependencias e instituciones con la finalidad de instrumentar acciones que cierren espacios propicios a la corrupción. En 1982 se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en 1999 se reformó la Constitución para la creación de una nueva institución de fiscalización superior en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda y dar paso a la Auditoría Superior de la Federación. En 2002, gracias al impulso de la sociedad civil, intelectuales y académicos, Vicente Fox hizo propia la iniciativa del denominado “Grupo Oaxaca” para la creación de Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información. En 2012, el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto, envió una iniciativa al Congreso de la Unión para la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Esta última fue rechazada, pues la oposición esgrimía la creación de un nuevo ente burocrático carente de garantías para sancionar o ejercer acción penal. Varias iniciativas enriquecieron la propuesta. Las y los legisladores argumentaron la existencia de varias instituciones con competencia en la materia, sin embargo hacía falta armonizarlas, además de la necesidad por crear una Fiscalía Especializada para la investigación de los hechos de corrupción. De tal forma, se da paso al Sistema Nacional Anticorrupción y sus pares en las entidades federativas, en donde cada institución con su rol definido actúe dentro de su marco competencial. Así tenemos como resultado un esquema en donde instituciones de diversa naturaleza, ejecutivas, legislativas, judiciales y autónomas son coordinadas de una forma innovadora por la ciudadanía a través del Consejo de Participación Ciudadana en un Comité Coordinador.
El Sistema abarca a todas las instituciones públicas y desde el Comité Coordinador se aprueba la política pública como hoja de ruta para definir roles y acciones en la búsqueda para reducir las brechas de las conductas en puedan permear hechos de corrupción. Así cada institución cumple un rol definido y evita la duplicidad de funciones en la prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. La tarea es mayor, implementar procesos y sistemas que permitan evitar, o en su caso detectar y sancionar hechos de corrupción en el servicio público aunado a la formación de una cultura en la sociedad basada en valores.
CARLOS ANTONIO FRANCO
Carlos Antonio Franco Flores es Licenciado en Derecho, con Maestría en Ciencias Jurídicas, actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila.