La entidad coahuilense registra en los últimos cinco años hasta 40% más casos, mientras que en NL caen 42%
Mientras a nivel nacional y en entidades como Nuevo León se observa una tendencia descendente en los casos de violencia familiar, Coahuila avanza en sentido contrario y alcanza su nivel más alto en al menos cinco años, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte a febrero de cada año.
En Coahuila, los casos de violencia familiar pasaron de mil 558 en 2022 a 2 mil 176 en 2026, lo que representa un incremento sostenido de 39.7 por ciento en el periodo. Tan solo de 2025 a 2026, el aumento fue de 2.5 por ciento, marcando un nuevo máximo histórico en la entidad.
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El comportamiento contrasta con lo ocurrido en Nuevo León, donde tras alcanzar un pico de 3 mil 177 casos en 2023, la incidencia ha disminuido de forma continua hasta ubicarse en mil 818 en 2026. Esto implica una reducción de 42.8 por ciento respecto a su punto más alto y de 28.9 por ciento en comparación con 2025.
A nivel nacional, la tendencia también es a la baja. Luego de registrar 42 mil 568 casos en 2023 —el nivel más alto del periodo—, el país ha reportado tres años consecutivos de disminuciones, con 38 mil 127 casos en 2026. Esto representa una caída de 10.4 por ciento frente al pico reciente y de 4.6 por ciento en el último año.
Los datos evidencian una divergencia regional: mientras las estrategias de contención parecen estar dando resultados en Nuevo León y en el agregado nacional, Coahuila enfrenta un deterioro persistente en la incidencia de violencia familiar.
Especialistas han advertido que este delito suele estar subreportado y vinculado a factores estructurales como condiciones económicas, acceso a servicios de atención y dinámicas socioculturales, por lo que el aumento en Coahuila podría reflejar tanto un crecimiento real de los casos como una mayor denuncia.
En este contexto, el reto para las autoridades estatales no solo radica en frenar la tendencia al alza, sino en fortalecer los mecanismos de prevención, atención a víctimas y judicialización de los casos, en un escenario donde otras regiones comienzan a revertir la problemática.