En 14 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum, el Estado suma mil 056 reos más, incluso más que el alza reportada en NL que fue de mil 021
Coahuila se colocó entre las diez entidades del país con mayor número de personas privadas de la libertad durante los primeros meses de la Administración de Claudia Sheinbaum, en un contexto de endurecimiento de la política de seguridad, aumento de detenciones y uso extendido de la prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS), entre octubre de 2024 y noviembre de 2025 la población penitenciaria en México creció en 23 mil 328 personas, al pasar de 212 mil 942 a 236 mil 270 internos en Centros de Reinserción Social (Ceresos) y Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
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En ese periodo, Coahuila registró un aumento de 1,056 personas privadas de la libertad en sus Ceresos, cifra que lo ubica dentro del grupo de entidades que concentran la mayor carga del sistema penitenciario estatal, junto con Sonora, Estado de México, Baja California, Chiapas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tabasco y Nuevo León. En conjunto, estas nueve entidades concentran 64% de los internos a nivel nacional.
El crecimiento de la población penitenciaria en Coahuila se da en paralelo a la estrategia federal de seguridad encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De acuerdo con especialistas, los operativos conjuntos implementados desde el inicio del nuevo gobierno han derivado en miles de detenciones por delitos del fuero común y federal, lo que impacta directamente en las cárceles estatales y federales.
Armando Rodríguez Luna, especialista en seguridad e inteligencia, señala que el incremento de internos es un reflejo directo de esta política de detenciones masivas. Además, explica que los movimientos de población entre prisiones federales y estatales —por razones de perfil delictivo, peligrosidad o ajustes administrativos— también influyen en las cifras que reportan estados como Coahuila.
No obstante, organizaciones civiles advierten que el aumento de detenidos está llevando al sistema penitenciario a niveles críticos. Paola Zavala Saeb, fundadora de la Organización Comunitaria por La Paz (Ocupa), subraya que la combinación de más detenciones y figuras como la prisión preventiva oficiosa ha provocado una sobrepoblación histórica en las cárceles. “Tenemos un sistema que castiga, pero no rehabilita; al salir, las personas reinciden y el ciclo de violencia se repite”, advierte.
Zavala añade que el hacinamiento incrementa los riesgos de corrupción y de fortalecimiento de redes criminales al interior de los penales, convirtiendo al sistema penitenciario en “una bomba de tiempo”, particularmente en entidades con incrementos acelerados como Coahuila.
Desde el ámbito académico, Guillermo Alcántar Mendoza, maestro en Ciencias Penales de la UNAM, atribuye el crecimiento de la población penitenciaria a la reforma constitucional al artículo 19, que amplió el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. A su juicio, esta medida no resuelve el problema de fondo. “Es una aspirina contra el cáncer. No va a salvar al sistema de justicia ni a la seguridad pública”, sostiene.
Mientras el Gobierno federal presume resultados en materia de detenciones, el caso de Coahuila refleja el otro lado de la estrategia: un sistema penitenciario bajo presión creciente, con más internos, mayores costos operativos y retos estructurales que ponen en duda su capacidad para cumplir con el objetivo central de la reinserción social. (Con información de El Universal)