En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, Inegi revela que en Coahuila se sancionan a 15 personas por cada 10 mil funcionarios públicos, una cifra por debajo del promedio nacional
Coahuila se posicionó en 2023 como el cuarto estado del país con la mayor tasa de investigaciones iniciadas por presunta corrupción dentro de sus instituciones públicas, de acuerdo con el reporte Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, publicado por el Inegi.
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Las cifras revelan que la entidad abrió 75.9 investigaciones por cada mil personas servidoras públicas, un nivel muy por encima del promedio nacional para administraciones públicas estatales, situado en 34.6.
El informe explica que las investigaciones se activan cuando los Órganos Internos de Control detectan posibles faltas administrativas que contravienen la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Sólo en la Administración Pública Federal (APF), durante 2023 se iniciaron 40 mil 145 investigaciones, lo que equivale a una tasa de 24.8 por cada mil trabajadores públicos.
A nivel estatal, la dispersión fue amplia: desde entidades con más de 130 investigaciones por cada mil personas servidoras públicas, como Quintana Roo y Chihuahua —los dos niveles más altos del país—, hasta estados que registraron menos de 10.
Coahuila aparece en el grupo superior, solo por debajo de Quintana Roo, Chihuahua y Aguascalientes. Su cifra casi triplica la de estados como Veracruz, Tabasco o Tlaxcala.
Nuevo León también figura entre las entidades con actividad investigadora relevante, con 23.1 investigaciones por cada mil trabajadores públicos, ligeramente por debajo de la media nacional, pero dentro del primer tercio del país.
El reporte también ofrece una mirada al desenlace de las investigaciones: las sanciones administrativas. En este rubro, Coahuila reportó 15 personas sancionadas por cada 10 mil servidores públicos, situándose en la parte media-alta del listado nacional. Aunque lejos de casos críticos como México, con 103.1 sancionados por cada 10 mil, o Campeche, con 81.
Nuevo León, por su parte, registró 27.4 personas sancionadas por cada 10 mil, ubicándose entre los diez estados con mayor tasa de castigos administrativos.
El informe del Inegi complementa el panorama con datos sobre la experiencia ciudadana y empresarial frente a la corrupción. Entre enero y junio de 2025, 8.9% de las personas adultas en zonas urbanas del país que realizaron algún trámite público fueron víctimas de corrupción, con una incidencia mayor entre hombres. En cuanto a la relación con autoridades de seguridad, la prevalencia alcanzó 45.2%.
El sector empresarial tampoco quedó al margen: en 2023, 169 mil 769 empresas —equivalentes al 3.5% del total— sufrieron actos de corrupción, siendo las medianas las más afectadas.