Monterrey, Nuevo León.- En el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, manifiesta su preocupación por hechos difundidos en medios y redes sociales, en los que elementos de seguridad pública ejercieron uso excesivo de la fuerza, vulnerando así diversos derechos fundamentales.
La Presidenta del Organismo, Susana Méndez Arellano, explicó que los hechos violatorios más recurrentes de acuerdo con las estadísticas de esta Comisión, se atribuyen a elementos de Fuerza Civil, lo que evidencia la urgencia de replantear estrategias de actuación y control institucional.
“Según las estadísticas mensuales en la CEDHNL, la Secretaría de Seguridad del Estado es la principal autoridad a la que se atribuyen vulneraciones a derechos humanos, por lo que urge replantear estrategias para garantizar el derecho a la protesta colectiva y pacífica, urgen políticas y prácticas institucionales que prevengan abusos y salvaguarden el derecho de las personas a vivir en un entorno de seguridad y respeto a sus derechos humanos”
El pasado 17 de septiembre, se difundieron imágenes sobre un operativo realizado en el municipio de Juárez, en el que se evidenció que elementos de Fuerza Civil ejercieron uso excesivo de la fuerza contra una persona detenida, frente a vecinos de la comunidad.
Mientras que el pasado 15 de septiembre, en el municipio de Santa Catarina, se tuvo conocimiento de la detención de cuatro personas durante un acto de protesta social.
Ante tales hechos CEDHNL hace un respetuoso y urgente llamado a las autoridades para garantizar el derecho a la protesta colectiva y pacífica, como una vía legítima para expresar el descontento social y exigir la rendición de cuentas gubernamental.
Asegurar el uso proporcional y legal de la fuerza por parte de la policía, así como la rendición de cuentas y prevención en el ejercicio de la función policial, conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y a los estándares internacionales de derechos humanos.
Garantizar investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas respecto de ambos hechos, con el fin de deslindar responsabilidades y evitar la impunidad.
Mantener una capacitación constante de los cuerpos de seguridad, así como a diseñar, implementar y evaluar protocolos de actuación con enfoque de derechos humanos, acompañados de mecanismos de supervisión y de evaluación del desempeño policial, con el fin de asegurar que cada intervención se realice en estricto respeto a la legalidad y a la dignidad humana.
La Presidenta de este organismo público autónomo, Susana Méndez Arellano, reitera la disposición de coadyuvar, desde las atribuciones legales, en la atención de las personas afectadas, así como en el fortalecimiento de políticas y prácticas institucionales que prevengan abusos y salvaguarden el derecho de las personas a vivir en un entorno de seguridad y respeto a sus derechos humanos.