La detención del mandatario venezolano y de su esposa, Cilia Flores, en una operación extranjera sin precedentes desata un reacomodo político interno, condenas y apoyos internacionales, y un debate global sobre soberanía, legalidad y el futuro inmediato del país sudamericano
En una acción sin precedentes que ha sacudido la geopolítica de América Latina, fuerzas militares de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, durante una operación sorpresa en Caracas desarrollada las primeras horas del 3 de enero de 2026.
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El exmandatario fue trasladado bajo custodia aérea a Nueva York, donde permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, acusado formalmente de narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas, entre otros cargos incluidos en una acusación federal de la fiscalía del distrito sur de Nueva York.
La Casa Blanca calificó la acción como una “operación de gran escala” destinada a desmantelar “una red criminal que ha convertido al Estado venezolano en una plataforma de tráfico de cocaína”, y el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que Washington controlará temporalmente Venezuela hasta que se consolide una transición estable.
El golpe de fuerza, que incluyó bombardeos y despliegue de unidades élite, provocó una vacante de facto en el Ejecutivo venezolano, según interpretaciones de analistas y varios gobiernos extranjeros.
En Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, figura clave del oficialismo, fue nombrada presidenta interina por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, aunque ella insiste en que Maduro sigue siendo el legítimo jefe de Estado y exige “pruebas de vida” para él y Flores.
La respuesta internacional ha sido contradictoria y dramática. Mientras algunos gobiernos, como el de Argentina, aplaudieron la caída de Maduro, potencias como España y China han condenado la intervención como una violación flagrante del derecho internacional y exigieron la inmediata liberación de la pareja.
Naciones Unidas y organismos regionales manifestaron su “profunda alarma” por el uso de la fuerza en un país soberano.
En las calles de varias ciudades latinoamericanas, miles de venezolanos en el exilio celebraron la noticia, expresando esperanza por el fin de lo que consideraban un gobierno autoritario.
No obstante, la situación sobre el terreno en Venezuela sigue siendo incierta y tensa, con reportes de explosiones, despliegues militares y un fuerte clima de inseguridad en Caracas antes y después de la captura.
La figura de Cilia Flores, histórica aliada política y legal de Maduro, ha generado especial atención internacional: aunque no ocupaba cargo oficial, las autoridades de Estados Unidos la acusan de facilitar operaciones ilícitas y de participar activamente en la supuesta estructura de corrupción y tráfico de drogas que rodeaba al régimen, motivo por el cual también enfrenta procesamiento en territorio estadounidense.
El impacto jurídico y diplomático de detener y procesar a un jefe de Estado en ejercicio es objeto de debate global.
Expertos en derecho internacional han subrayado que el método empleado podría violar normas fundamentales de soberanía estatal, aunque también reconocen que, una vez en la justicia estadounidense, el proceso penal de Maduro y Flores parece encaminado a avanzar a pesar de las controversias sobre cómo se llevó a cabo la captura.
A medida que se acelera la atención mediática y política sobre el caso, queda por verse si el episodio conducirá a una transición política interna en Venezuela, un recrudecimiento del conflicto regional o una nueva era de intervención extranjera en la política latinoamericana. Las próximas semanas serán cruciales para definir no solo el destino del exmandatario y su esposa, sino también el de la nación entera.
