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CAEN DELITOS SEXUALES EN NL Y MÉXICO… EN COAHUILA REPUNTAN

Coahuila reporta el segundo mayor nivel de este tipo de delitos de los últimos cinco años, ligeramente por debajo del 2022, cuando rompió récord

Mientras el país y Nuevo León muestran una disminución en los delitos de carácter sexual, Coahuila registra un nuevo repunte, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte al mes de octubre de cada año.

A nivel nacional, los delitos sexuales —que incluyen abuso sexual, acoso, hostigamiento, violación y otros ilícitos de la misma clasificación— sumaron 69 mil 123 carpetas en 2025, una reducción respecto a los 71 mil 699 casos registrados en 2024 y lejos del pico de 77 mil 159 reportado en 2023. Esta tendencia descendente rompe con tres años de incrementos consecutivos observados entre 2021 y 2023.

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En Nuevo León, la caída también es evidente: el estado pasó de 4 mil 097 casos en 2024 a 3 mil 987 en 2025, su cifra más baja desde 2021. Esto significa una reducción sostenida por segundo año consecutivo luego del máximo de 4 mil 552 delitos sexuales alcanzado en 2022.

El comportamiento en Coahuila es distinto. Aunque el estado tuvo un descenso en 2023, ahora los registros muestran un repunte. Tras acumular mil 745 casos en 2024, la cifra creció a mil 806 en 2025, su nivel más alto desde 2022.

Antes, la entidad había pasado de mil 524 casos en 2021 a mil 816 en 2022, seguido por una ligera baja en 2023.

El contraste coloca a Coahuila entre los pocos estados del país donde los delitos sexuales van al alza este año, en un contexto en el que tanto Nuevo León como el promedio nacional avanzan en sentido opuesto.

Autoridades y especialistas han señalado que los movimientos en estas estadísticas pueden relacionarse con múltiples factores, entre ellos variaciones en la denuncia, políticas de prevención, capacidad institucional y dinámicas sociales.

Sin embargo, el repunte en Coahuila destaca por revertir la tendencia que se observa en los ámbitos estatal y nacional, lo que podría obligar a reforzar estrategias de atención y protección para víctimas.

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