Los dos estados del norte incrementan investigaciones y número de víctimas en los primeros siete meses del año
Los delitos de corrupción de menores han ido en aumento en Coahuila y Nuevo León durante 2025, con un repunte de carpetas de investigación y de víctimas mujeres.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de este año se abrieron 201 investigaciones en Nuevo León, la cifra más alta en los últimos cinco años y que casi duplica las 123 de 2023. En Coahuila, el número llegó a 27 carpetas, un incremento frente a 2024, cuando se habían reportado 19.
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En cuanto a víctimas mujeres, Nuevo León aparece como la tercera entidad con mayor número de casos a nivel nacional, con 156 menores afectadas, lo que representa el 11.3%por ciento del total en el país, solo detrás de Guanajuato (398) y la Ciudad de México (157). En contraste, Coahuila registró 18 víctimas mujeres, equivalente al 1.3% del total.
La gravedad del fenómeno también se refleja en las tasas por cada 100 mil mujeres: Nuevo León ocupa el sexto lugar nacional, con 4.89 casos, mientras que Coahuila se ubica en el sitio 17, con 1.06.
CASOS RECIENTES EN LA REGIÓN
Las cifras se enmarcan en hechos recientes que han sacudido a la opinión pública. En Nuevo León, un entrenador de gimnasia fue vinculado a proceso por acoso y corrupción de menores, mientras que un maestro de natación fue imputado por abuso sexual y corrupción de menores, de acuerdo con reportes de medios locales.
En Coahuila, en julio pasado, autoridades detuvieron a un ciudadano japonés acusado de corrupción de menores y estupro, lo que reforzó las preocupaciones sobre este delito en la entidad.
El repunte de las investigaciones y la magnitud de víctimas en Nuevo León evidencian que este delito se ha convertido en un problema estructural que afecta principalmente a niñas y adolescentes.
Coahuila, aunque con cifras menores, también muestra un repunte que obliga a reforzar las acciones de prevención y atención.
Organizaciones civiles y especialistas han señalado que los casos recientes en gimnasios y escuelas exponen la vulnerabilidad de menores en espacios que deberían ser seguros, y demandan mayor vigilancia institucional para proteger sus derechos.