Documentación judicial y periodística expone participación de compañías mexicanas y cárteles en operaciones que beneficiaron directamente al gobierno venezolano
Investigaciones periodísticas y fiscales de Estados Unidos han profundizado en la compleja relación entre redes del narcotráfico, empresas mexicanas y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, señalando que no sólo hubo movimientos de cocaína a través de rutas coordinadas entre organizaciones criminales, sino también estructuras corporativas que facilitaron la evasión de sanciones y la financiación de operaciones del Estado venezolano.
Con la reciente captura del presidente sudamericano, el gobierno estadounidense ha implicado en documentos judiciales recientes que cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Los Zetas operaron como socios centrales del denominado “Cártel de los Soles”, una organización presuntamente encabezada por altos mandos del chavismo venezolano, vinculados directamente con Maduro.
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Según la acusación, grupos criminales mexicanos controlaron rutas terrestres y marítimas que permitieron la salida de cocaína desde Sudamérica hacia territorio estadounidense, gestionando recepción, protección y distribución de grandes cargamentos.
Estas imputaciones forman parte de una estrategia legal más amplia de Estados Unidos que ha caracterizado estas organizaciones en materia de narco-terrorismo y que subraya la cooperación entre redes criminales transnacionales, incluidos grupos armados en Colombia y los cárteles mexicanos, como elementos clave en el flujo de narcóticos.
EMPRESAS MEXICANAS, IMPORTACIONES Y ESQUEMAS DE DESVÍO
El papel de las empresas mexicanas ha sido objeto de múltiples investigaciones periodísticas. En 2020, se reveló que negocios en México fueron utilizados para canalizar ventas y compras de alimentos vinculados a programas venezolanos, particularmente los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), bajo contratos con sobreprecios y claras señales de irregularidades financieras.
Según registros arrojados por organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), al menos ocho empresas mexicanas radicadas en estados como Baja California, Nuevo León, Zacatecas y otras, participaron en una red de importación de alimentos que movilizó más de 64 millones de dólares entre 2019 y 2020, utilizando importadores y compañías establecidas en Hong Kong, Panamá y paraísos fiscales para evadir controles.
Este entramado reemplazó en parte a estructuras previo dominadas por intermediarios como Alex Saab —empresario colombiano y presunto testaferro de Maduro— y Samark López Bello, quienes fueron sancionados por las autoridades estadounidenses por su participación en la obtención de contratos estatales y manejo de recursos a través de empresas fachada.
Documentos del Departamento del Tesoro estadounidense detallan que Saab y su socio Álvaro Pulido utilizaron empresas con conexiones en México y en otros países para manipular importaciones y exportaciones, y que, a través de estas entidades, se movieron centenares de millones de dólares en esquemas de corrupción ligados a la distribución de alimentos en Venezuela.
Las autoridades mexicanas, sin embargo, han rechazado las imputaciones directas que vinculan al Estado o a investigaciones oficiales con estos esquemas.
Especialistas en seguridad señalan que, aun cuando no se ha judicializado a altos funcionarios mexicanos en este contexto, la participación de empresas nacionales en redes de importación con destinos ilícitos y su uso para oscurecer el origen de fondos vinculados a Venezuela plantea riesgos legales y de reputación que requieren investigación profunda por parte de las autoridades nacionales, en coordinación con fiscales internacionales.
El caso se enmarca en un contexto más amplio de operaciones de narco-financiamiento y lavado de dinero que involucraría no sólo productos alimentarios y rutas de cocaína, sino también el uso de compañías fachada, empresas en paraísos fiscales, y la posible cooperación de instituciones financieras transnacionales.
La justicia estadounidense ha catalogado estas actividades como parte de un entramado de narco-terrorismo internacional, lo que subraya la magnitud de la investigación y los riesgos políticos y económicos para la región.