Al menos 200 casos han sido identificados en Coahuila donde se habrían utilizado denuncias penales como estrategia para restringir la convivencia de padres con sus hijos. La situación, señalada por autoridades judiciales y colectivos ciudadanos, apunta a que algunos litigantes instrumentalizan figuras legales relacionadas con violencia familiar o de género para influir en disputas por custodia.
El fenómeno consiste en la presentación de acusaciones penales armadas con el propósito de llevar el expediente a un juez familiar y obtener medidas que limiten el contacto del padre con los menores.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Llamar ‘chirigüillo’ puede tener consecuencias legales en Coahuila
Estas acciones incluyen solicitudes de órdenes de restricción y acusaciones que, en varios expedientes, no prosperan por falta de elementos jurídicos, pero afectan temporalmente los derechos de convivencia.
Magistrados del Poder Judicial del Estado han sostenido reuniones con colectivos conformados por padres que alegan ser víctimas de este tipo de prácticas. Durante estos encuentros se expusieron casos en los que denuncias por violencia no llegaron a juicio penal y, sin embargo, fueron utilizadas en procesos familiares para impedir visitas o custodias compartidas.
De acuerdo con autoridades judiciales, la problemática involucra a ciertos abogados que promueven la presentación de denuncias falsas como herramienta para obtener ventajas en los conflictos familiares.
Desde el Poder Judicial se ha advertido que esta práctica representa un uso distorsionado de instrumentos creados para proteger a mujeres víctimas de agresiones, y que termina por saturar juzgados penales y familiares.
Colectivos ciudadanos han manifestado que el uso indebido de figuras de protección vulnera derechos de los menores al limitar su convivencia con ambos padres. En respuesta, se solicitaron mecanismos de supervisión y protocolos más rigurosos para evitar que denuncias carentes de sustento alteren procesos de custodia.
La discusión abre un debate más amplio sobre la protección de víctimas reales, el abuso de herramientas judiciales y la necesidad de equilibrar los derechos de los hijos con el acceso a la justicia sin simulaciones ni bloqueos.