Agua, derecho humano

«La nueva Ley General de Aguas ya no es promesa ni borrador: cerró su ruta legislativa en tiempo récord y entró a la fase decisiva de implementación», resume Gerardo Moyano respecto a una de las refomas clave de la 4T.

Moyano apunta que «el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la reforma como un ‘devolver el agua a la Nación’: un intento por traducir el derecho humano al agua en reglas operables, con una rectoría estatal más clara y con instrumentos para frenar el acaparamiento y la extracción irregular.

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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) defendió que el nuevo marco fortalece el derecho humano y pone candados al mercado negro y la sobreexplotación. El corazón político del cambio está en el sistema de concesiones: la reforma establece que los derechos amparados en concesiones y asignaciones ‘no serán objeto de transmisión’ y crea un mecanismo de reasignación cuando hay venta de tierras, fusiones o herencias, en plazos expeditos.

En otras palabras: el agua deja de circular como ‘activo negociable’ entre particulares; el Estado se reserva el control del traspaso del derecho.

«Tras pasar por comisiones en San Lázaro el 3 de diciembre, ser votada en el Pleno de Diputados el 4 de diciembre, y recibir el aval del Senado, el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2025; la norma entró en vigor el 12 de diciembre, al día siguiente de su publicación*, señala en el nuevo número del catorcenairo Espacio 4.

«Para el campo, esto toca fibras profundas: tierra y agua han funcionado como un binomio económico. Organizaciones campesinas y frentes de productores advirtieron que, sin la posibilidad de transmitir libremente concesiones, se erosiona el valor de sus propiedades y se abre un periodo de incertidumbre burocrática.

La calle habló con tractores y bloqueos: protestas en Ciudad de México y en varios estados acompañaron la discusión parlamentaria.

«El Gobierno y su mayoría respondieron con dos argumentos: primero, que el agua debe priorizar el consumo humano y el servicio público, sobre todo en escasez; segundo, que el esquema no equivale a ‘expropiar’ agua al campo, sino a ordenar un sistema donde la simulación y el tráfico de derechos han prosperado por décadas.

Conagua sostuvo públicamente que había desinformación alrededor del dictamen y que el reordenamiento busca cortar prácticas abusivas. El debate, sin embargo, no es binario. La nueva ley llega en un país atravesado por sequías, disputas interestatales, megaproyectos hidráulicos cuestionados y presiones internacionales por tratados de agua.

En ese contexto, la pregunta de fondo no es sólo si la ley ‘favorece’ a alguien, sino si el Estado tendrá capacidad — técnica, presupuestal y política— para hacerla cumplir sin castigar a los pequeños usuarios ni abrir la puerta a discrecionalidad.

«La Ley General de Aguas se define como reglamentaria del artículo 4º constitucional en materia del derecho humano al acceso, disposición y saneamiento para consumo personal y doméstico, y distribuye competencias entre Federación, estados y municipios.

No es un ajuste menor: es un marco para que la política hídrica deje de depender sólo de programas sexenales y se vuelva obligación permanente. La ruta política fue veloz y conflictiva.

El dictamen avanzó en comisiones el 3 de diciembre en medio de amenazas de bloqueos, llegó al Pleno y se aprobó tras una sesión maratónica, y el Senado lo avaló con una votación reportada de 85 a favor y 36 en contra. El decreto se promulgó y publicó el 11 de diciembre.

«Para el Gobierno, el simbolismo es claro: reubicar el agua en el centro del contrato social. En términos de narrativa pública, Sheinbaum capitaliza un reclamo histórico: que el agua no funcione como privilegio silencioso de quienes tuvieron poder para amarrar concesiones, perforar pozos o ‘mover’ derechos con contactos.

La propia Presidencia comunicó que el objetivo es ordenar concesiones y reforzar la rectoría del Estado».